La financiación a pymes, principal reto del Gobierno

El acceso al crédito y a la financiación para empresas es, sin duda, uno de los problemas más grandes de nuestra economía. Así lo reflejaba, hace unas semanas, la primera encuesta sobre la actividad de las empresas españolas del Ecómetro KMPG-elEconomista. Los resultados obtenidos indicaban que casi la mitad de las empresas españolas reconocían haber tenido problemas de acceso a la financiación.

Ante este panorama, ha pasado éste a ser un asunto prioritario en la agenda del Gobierno, destacando, así, a las pymes como un instrumento de importancia capital para la recuperación económica. Y es que las cifras avalan la importancia de este colectivo: las pequeñas y medianas empresas constituyen el 95% del tejido productivo y algo más del 63% del empleo total.

Para la resurrección de las pymes será preciso no sólo el restablecimiento de la demanda nacional (consumo e inversión), sino también el del flujo del crédito.

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE), conscientes de esta problemática, también se han pronunciado. El mismo Mario Draghi, presidente de la entidad crediticia europea, aseguraba recientemente que los tipos de interés oficiales permanecerán en el mínimo histórico del 0,5% durante un periodo de tiempo prolongado, o incluso bajarán, para ayudar a las economías más resentidas de la eurozona.

La fórmula propuesta por el BCE consistiría en mejorar la aportación de recursos a las pymes por la vía de la aceptación de ABS (productos financieros complejos) como contrapartidas de los préstamos titulizados. Sin embargo, este tipo de titulizaciones, o cesión de los derechos de cobro, vieron mermada su fama durante la crisis y semeja complicada que la banca pueda obtener facilidades de financiación del BCE por esta vía al conceder más créditos a las pymes.

España, por su parte, propone una ampliación del concepto de pyme para facilitar que fluya el crédito. Actualmente, las pymes se clasifican siguiendo criterios de la Unión Europea. Se consideran como tal aquellas empresas con un número de empleados inferior  los 250 y una facturación máxima de 50 millones de euros.

Esta medida del Gobierno resultaría la más atractiva de cara a las entidades financieras. Financiar a las pymes saldrá, desde el punto de vista del acuerdo Basilea III, más ‘barato’ que prestar dinero a otros agentes económicos. Además, existen 20.000 millones de euros de financiación del BEI que, en caso de no modificarse el criterio de clasificación, se verían bloqueados para muchas empresas.

Por otra parte, al ICO le preocupa la elevada morosidad que viene arrastrando este sector y las provisiones que ha tenido que aplicar a las líneas de financiación correspondientes a pymes, como consecuencia de los impagos. En esta línea, el sistema bancario afirma que las pymes constituyen el principal objetivo de vigilancia de sus unidades de control de riesgo.

Por último, el mercado de renta fija para las pymes (MARF), ya está preparado para acoger las primeras emisiones a partir de este mismo mes de septiembre. La emisión mínima, en calidad de seguro de liquidez para los inversores, ser de 20 millones de euros. Desde firmas de capital de riesgo a “business angels”, están dispuesto a participar en este campo, en el que también operarán los bancos, por la menor exigencia de capital que conllevarán estos préstamos.

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