Concursos de acreedores, una herramienta más al servicio de las empresas

La crisis sigue azotando a las empresas y ya asciende a 2.408 el número de  empresas españolas que se han declarado en concurso de acreedores en el segundo trimestre del año. Un 22,5% más con respecto al mismo trimestre de 2012. Se trata, no obstante, de una bajada del 9,5% con respecto a la tasa intertrimestral. Es, además, el mayor descenso de concursos declarados desde 2011. En lo que va de año son más de 6.100, las empresas que no han sido capaces de afrontar sus pagos.

Según datos extraídos de la última Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha registrado un aumento del número de concursos voluntarios en un 14,5%. En el mismo porcentaje aumentaron los concursos de acreedores abreviados, primando este procedimiento sobre el  ordinario, que experimentó una subida del 5%.

La gran mayoría de estos concursos de acreedores concluyeron con la liquidación de las sociedades deudoras. Sin embargo, no es ésta la finalidad de ir a concurso. La solución óptima es el convenio, de modo que la empresa  pueda hacer frente o posponer los pagos. El resultado negativo obtenido de los concursos de acreedores en nuestro país se debe, en gran medida, a la tendencia de los empresarios de declararse en suspensión de pagos y quiebras cuando ya no existe prácticamente remedio para la empresa.

Pero la realidad es otra, un concurso de acreedores es un procedimiento judicial al que acceder no sólo en situación de insolvencia, sino también en previsión de tal situación. Es decir, se trata de una herramienta más al servicio de las empresas y de cara a su viabilidad.

Los concursos de acreedores conllevan, de hecho, una serie de ventajas:

Los intereses adquiridos, sea cual sea su procedencia, se paralizan tras declararse el concurso, a excepción de los que proceden de créditos con garantía real. En aquellos casos en los que el concurso termine en liquidación de la sociedad, los apremios se abonarán en caso de saldo positivo una vez pagados todos los créditos concursales.

Se paralizan las ejecuciones sobre bienes y activos de la empresa y las que atañen al patrimonio del deudor, siempre que éste se mueva en la legalidad. No sólo las venideras, sino que también se suspenderán aquellas que estén en curso.

Convenio. Se trata de alcanzar un convenio con los acreedores que pueda llevar a la quita o al aplazamiento de las deudas.

Pero “no es oro todo lo que reluce”, las desventajas también (y obviamente) existen en los concursos de acreedores. Se trata de un procedimiento judicial con un coste elevado, puesto que exige profesionales como abogados y procuradores con unos honorarios a los que se debe hacer frente. Por ello, los concursos de acreedores son recomendables cuando se dispone de masa activa (bienes o patrimonio) que permita sufragar a los profesionales que intervienen (administradores concursales, auditores de cuentas, abogados, procuradores, etc.)

Además de las trabas económicas, deberá tenerse en cuenta que en un concurso de acreedores se depuran responsabilidades, pudiendo incurrir en delito aquel administrador que haya actuado fuera del marco legal.

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